La encrucijada en Perú y la amenaza institucional

El pasado domingo 7 de junio se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Perú, donde Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se enfrentaron en una segunda vuelta tan estrecha como tensa. Actualmente todo puede pasar, puede ganar tanto Keiko como Sánchez, si ganara el segundo sería un resultado que, de consolidarse, supondría un alivio para un continente que gira a una velocidad preocupante hacia la ultraderecha:

"...una derecha neofascista que, lejos de estar abierta al diálogo, es opositora a toda disidencia de opinión, una derecha que además, goza de gran popularidad entre la juventud y relativiza tanto la historia como las instituciones..."

Restándoles el valor que merecen cuando estas no se alinean con su narrativa. Este debilitamiento institucional y la manipulación histórica a conveniencia no hacen más que socavar la democracia, pero que entenderá de respeto y principios democráticos la hija de uno de los mayores tiranos en la historia reciente del Perú, cuyo padre fue condenado firmemente por graves violaciones a los derechos humanos.

Los engranajes del nuevo fascismo

¿Y cómo ha calado tan rápido el neofascismo en nuestras sociedades? La respuesta se encuentra en los mismos mecanismos de hace setenta años: el populismo, la instalación del relato "nosotros contra ellos" y la autoproclamación como defensores de "las tradiciones".

Sin embargo, un factor ha cambiado de forma radical: la revolución tecnológica de los últimos años y la masificación de estos mensajes a través de las redes sociales han gestado una suerte de "contrarrevolución", logrando posicionar estas posturas como revolucionarias entre los jóvenes, cuando, por mera lógica política, nunca lo han sido.

La "fórmula Bukele" y el eco en Colombia

Un ejemplo claro de esta dinámica es la llamada "fórmula Bukele", replicada por candidatos como Abelardo de la Espriella, quien sorprendió al ser el candidato más votado en la primera vuelta de Colombia con un 43,7% y quien destaca por su retórica militarizada, un nacionalismo exacerbado y una figura cuidadosamente construida para los medios. Este candidato, que rompe los estereotipos tradicionales, se instaló en la segunda vuelta colombiana con un discurso populista centrado en seguridad y nación, y ya ha recibido el apoyo explícito de Donald Trump.

Trump lo felicitó públicamente, afirmando:

"Abelardo lucha incansablemente por su gran país [...] los resultados de esta elección son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos."

Además, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue suspendido de sus funciones presidenciales de cara a esta elección, lo cual sirve aún más en bandeja el posible resultado de esta. Conviene recordar que De la Espriella ejerció como abogado defensor del testaferro de Nicolás Maduro, así como de líderes de grupos paramilitares. Resulta difícil no notar la contradicción entre quien promete imponer una "mano de hierro" y sus propios vínculos judiciales y empresariales, ¿les suena de algo?

Desmantelamiento y crisis: Argentina y Brasil

Esta erosión democrática y los discursos de "outsiders" constituyen pilares fundamentales de la ultraderecha, en tanto cuestionan sistemáticamente a las instituciones establecidas. Esto genera, de manera inevitable, un clima de desconfianza, desafección política y caos institucional que resulta sumamente conveniente para quienes desprecian lo público.

El caso más elocuente a esta narrativa es la Argentina de Javier Milei, la cual, durante su primer año de gestión, llevó adelante el mayor ajuste del gasto social desde 2002:

• Recortes en programas destinados a jóvenes del 39,8%.
• Recortes a programas de adultos mayores del 9,3%.
• La pobreza pasó de afectar al 40,1% de los argentinos en 2023 al 52,9% en 2024.
• El presupuesto en Seguridad Social se redujo un 24%.

Todo esto, bajo la retórica habitual de la "seguridad" y la "crisis económica" que estos neofascismos han instalado como “problemas públicos” en los medios de comunicación masiva.

Por su parte, Jair Bolsonaro, y su hijo, actual candidato a la presidencia de Brasil que se enfrentará al presidente Lula da Silva, ilustran perfectamente otra forma del cómo se erosionan las democracias en América Latina, mediante intentos de golpe de Estado y la negación sistemática de resultados electorales, aplicando la estrategia ultraderechista por excelencia ante una derrota electoral.

Represión disfrazada de progreso en Bolivia

Rodrigo Paz, en Bolivia, representa otro ejemplo de este fenómeno. Aunque no pertenezca a la derecha más radical, implementa políticas capitalistas bajo el lema de "capitalismo para todos", provocando una crisis de desigualdad social que tiene al pueblo boliviano en las calles pidiendo su dimisión, y siendo reprimido por las autoridades de forma sistemática. Llegando a asesinar incluso a 7 personas en las calles, viéndose así como implementa políticas características de los gobiernos autoritarios, que hoy en Latinoamérica están más presentes que nunca.

Shield of the Americas y el modelo en Chile

La instalación de estas figuras políticas no es casual. Donald Trump ha sido artífice de este modus operandi en su "patio trasero", articulando incluso una alianza entre las ultraderechas a nivel continental llamada "Shield of the Americas". Este encuentro, celebrado en Florida, buscó consolidar una agenda hemisférica de control, militarización y exclusión, y al que nuestro presidente José Antonio Kast concurrió incluso antes de asumir formalmente el cargo.

La Casa Blanca invitó a Kast en lugar del entonces presidente Gabriel Boric, desafiando los protocolos diplomáticos establecidos, al tiempo que excluyó a los líderes de Brasil, México y Colombia, naciones que representan más de la mitad de la población de la región.

Kast, en el contexto nacional, sigue fielmente esta fórmula "trumpista": el negacionismo, las ambigüedades estratégicas, la represión sistemática, la colonización de las redes sociales y los recortes en políticas sociales justificados siempre por la seguridad y la economía. Una lógica que, más que económica, responde a intereses particulares en los que solo el 1% resulta beneficiado, mientras las familias chilenas y latinoamericanas cargan con las consecuencias.

La memoria como escudo democrático

Es, bajo el análisis de estos casos, una necesidad imperante el combatir contra estos discursos, el exigir políticas públicas claras y orientadas al bienestar colectivo, el combatir al negacionismo con memoria, verdad e historia, el denunciar la represión y opresión sistemática allí donde se manifiesten, y no dejar nunca de hacerlo.

Esto implica también el no caer en la provocación de los discursos neofascistas que pretenden convencer mediante el miedo o enemistar desde la confrontación, el recuperar las redes sociales y la noción misma de transformación social, no desde el populismo de hace 70 años atrás ni desde el copamiento mediático, sino desde la convicción de defender las políticas sociales, del fortalecimiento democrático y de seguir progresando como sociedad en conjunto.

Los liderazgos que hoy observamos en Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos recuerdan a otros tiempos. Tiempos que deberían habernos enseñado lo suficiente como para no repetirlos. No obstante, aún tenemos una oportunidad, aún estamos a tiempo de darnos cuenta de los peligrosos liderazgos que están surgiendo, de los riesgos que entrañan este proyecto político y de las políticas impulsadas por la agenda de medios. Aún tenemos tiempo de reaccionar, organizarnos, defender lo ganado y combatir antes de que se nos haga demasiado tarde.

Si normalizamos a quienes están dispuestos a despojarnos de los derechos por los que tanto hemos luchado, estamos perdidos, y esta es una lección que nuestra América Latina no puede permitirse olvidar, ni hoy, ni mañana, ni nunca.

En su cuenta pública, el presidente José Antonio Kast dedicó varios párrafos a criticar el error histórico de creer que un Estado más grande es automáticamente un mejor Estado. El diagnóstico tenía cierta elegancia retórica. La solución anunciada fue la austeridad, la eficiencia, el fin del gigantismo burocrático. Una larga cantidad de adjetivos comunes sin profundidad.

Lo que el mismo discurso reveló, sin proponérselo, es que esa austeridad tiene una geografía muy precisa: el Estado se achica donde distribuye y se expande donde controla. Siete nuevas Fuerzas de Tarea, un Plan de Intervención Barrial Intensivo en 50 barrios, tecnología de monitoreo masivo, pórticos lectores de patentes, postes inteligentes, 20 mil nuevas plazas penitenciarias y un Registro de Vándalos con capacidad de revocar beneficios sociales.

No es austeridad. Es una reorientación: el Estado abandona la protección para dedicarse, con renovado entusiasmo, a la vigilancia.

"Esta asimetría no es un error de diseño. Es el diseño."

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A. Sanciones que no pesan igual

Dos iniciativas concretas permiten leer esa lógica con claridad. La ley de Escuelas Protegidas contempla la inhabilitación por cinco años del acceso a la gratuidad universitaria para estudiantes condenados por delitos graves. El proyecto de Registro de Vándalos extiende la pérdida de beneficios sociales —gratuidad educativa, pensión garantizada, subsidio de arriendo— no solo a quienes cometan delitos, sino a quienes incurran en "incivilidades”.

La lógica aparente es simple, quien comete una falta enfrenta consecuencias. Pero esa lógica se quiebra cuando se examina sobre quién recae en los hechos.

La gratuidad universitaria es un beneficio acotado a los sectores de menores ingresos. Un estudiante de colegio particular pagado no la recibe hoy y no la necesitará mañana. Un estudiante de liceo público que sea condenado no solo enfrentará el proceso penal, sino que perderá la única vía de acceso a la educación superior que el sistema le ofrece.

La conclusión es incómoda pero inevitable, una sanción que resulta devastadora para los pobres e invisible para quienes tienen recursos propios no es una sanción pareja. Es una sanción de clase.

Los beneficiarios de derechos sociales no se distribuyen aleatoriamente en la población; son, sistemáticamente, quienes menos tienen. Por eso el Registro de Vándalos es más preciso de lo que aparenta, no es un mecanismo de seguridad universal, sino la creación de una categoría de ciudadanos a quienes el Estado protege solo mientras se porten bien.

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B. El miedo como política de diálogo

Pero el efecto más profundo de estas medidas no es punitivo sino preventivo. No opera sobre el pasado, sino sobre el futuro. Un estudiante secundario que sabe que una condena le costará cinco años de gratuidad no solo enfrenta consecuencias por lo que hizo enfrenta una amenaza antes de actuar. Y ese cálculo es radicalmente distinto según la clase social de quien lo hace.

Esto no es menor en términos democráticos. En Chile, la movilización social ha sido históricamente el mecanismo mediante el cual los sectores populares conquistaron derechos que el sistema político formal no les concedía por las vías institucionales. La sindicalización, la gratuidad de la educación, el acceso a la salud: ninguno de esos avances ocurrió solo dentro del Parlamento. Ocurrieron porque hubo huelgas, marchas, tomas, gritos, enojos y también felicidades.

Criminalizar esas formas de acción no es solo una política de seguridad. Es una intervención sobre el equilibrio de fuerzas entre quienes tienen acceso a los mecanismos institucionales del poder y quienes no.

La categoría de "incivilidad" merece atención especial en este punto. Su indefinición no es accidental. Permite que conductas propias de la protesta urbana queden bajo el paraguas de lo sancionable sin necesidad de pasar por un proceso penal con garantías plenas. Se sanciona no el delito sino la actitud. No el daño concreto sino la disposición a transgredir.

En ese umbral difuso se instala una presunción de peligrosidad que recae, sistemáticamente, sobre los mismos sujetos predilectos de este gobierno, los jóvenes pobres, los estudiantes de liceos públicos, los habitantes de los 50 barrios donde el Estado llega principalmente bajo la forma del control.

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C. Portales redivivo

Esta asimetría tiene un linaje declarado. En su discurso, Kast invocó a Diego Portales como uno de los constructores de la República, el ejemplo que debe guiar a esta generación. La elección no es inocente, aunque es posible que tampoco sea casual.

Portales es el símbolo del orden autoritario conservador del siglo XIX, el mismo orden que utilizó el aparato estatal para suprimir la disidencia, garantizar la estabilidad institucional sobre la exclusión política de los sectores populares y convertir el Estado en instrumento de las élites propietarias.

Invocar ese linaje en el mismo discurso que criminaliza la "incivilidad" y amenaza con revocar beneficios sociales no es retórica accidental. Es una declaración de principios, y hay que tomarla en serio.

Frente a ese linaje existe otro, que el discurso presidencial no menciona. Los trabajadores del salitre organizándose en las pampas del norte a principios del siglo XX. Las huelgas que costaron sangre antes de que existiera una ley laboral que las reconociera. Los conventillos de Santiago donde la clase obrera construyó solidaridad antes de que el Estado construyera política social.

Ese es el origen de los beneficios que hoy se amenazan con revocar; no son concesiones que el Estado otorgó generosamente desde arriba, sino conquistas que los sectores populares arrancaron desde abajo, con décadas de organización y represión.

Llamarlos "beneficios" que se pueden perder por una "incivilidad" es una operación ideológica precisa: borra la historia de su conquista para poder convertirlo en favores revocables.

La protección del Estado deja de ser universal. Se vuelve condicional.

Aquí reside la cuestión que excede cualquier debate de constitucionalidad. En el diseño de ambas iniciativas opera una concepción implícita: los beneficios sociales no son derechos garantizados universalmente, sino prestaciones que el Estado otorga a cambio de comportamiento adecuado. Es una lógica con una larga historia en las políticas sociales conservadoras, desde la Poor Law inglesa del siglo XIX hasta los programas de welfare condicional del neoliberalismo contemporáneo. Su mecanismo es siempre el mismo, los pobres no merecen protección por su condición de ciudadanos, sino en la medida en que demuestren ser merecedores de ella.

Si la gratuidad educativa puede ser retirada por conducta, deja de ser un derecho y se convierte en una concesión revocable. Si la pensión garantizada puede perderse por "incivilidades", deja de ser una protección frente a la vejez y se convierte en un incentivo conductual.

La protección del Estado deja de ser universal. Se vuelve condicional. Y esa condicionalidad, como siempre, se aplica solo a quienes dependen de ella para sobrevivir.

Nicos Poulantzas identificó en el capitalismo tardío una tendencia que llamó "estatismo autoritario": el fortalecimiento del aparato ejecutivo que, sin suprimir formalmente las instituciones democráticas, vacía progresivamente de contenido la participación política de los sectores populares. El concepto requiere cautela en su aplicación, pero la lógica que describe —un Estado que se expande hacia el control más que hacia la garantía de derechos, que disciplina en lugar de integrar— encuentra en estas medidas una expresión reconocible.

La erosión democrática no siempre llega con decreto. A veces llega con un registro.

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D. Lo que el discurso del orden no dice

En 27 páginas de discurso presidencial no hay una sola mención a la desigualdad estructural como causa de la inseguridad. El crimen organizado se presenta como un fenómeno casi importado desconectado de la marginalidad y la falta de oportunidades que lo alimentan. No hay mención a la negociación colectiva, a los derechos sindicales, a la brecha salarial ni a las condiciones estructurales que producen la pobreza que luego se criminaliza.

Un gobierno que declara la guerra al crimen organizado mientras ignora las condiciones estructurales que facilitan su expansión no está resolviendo el problema, está gestionando sus síntomas más visibles y cargando el costo de esa gestión sobre los sectores que menos recursos tienen para enfrentarlo.

El discurso presidencial fue también explícito respecto al trato asimétrico entre ciudadanos. Cuando un carabinero hace uso de la fuerza, el gobierno lo respalda "sin ninguna ambigüedad". La asimetría de protección no podría estar más clara. Sobre un lado de la ecuación, la amenaza de perder la gratuidad, la pensión y el subsidio de arriendo ante la mínima demostración de movilización. Sobre el otro, el respaldo institucional sin condiciones.

No es un Estado neutral. Es un Estado con bandos.

La pregunta que importa no es jurídica sino política: ¿qué tipo de orden se está construyendo? Uno que usa la exclusión social como herramienta de disciplinamiento no produce ciudadanos más tranquilos. Produce ciudadanos más frágiles, movilizaciones más rabiosas y sociedades más fracturadas.

La seguridad democrática no se construye únicamente mediante mecanismos de control. También requiere integración social, derechos efectivos y espacios de participación que permitan procesar los conflictos antes de que estos se conviertan en crisis.

Un Estado que confunde el silencio de los excluidos con el orden no está gobernando. Está postergando.

Y las deudas postergadas, en este país, siempre se tendrán que saldar.