En su cuenta pública, el presidente José Antonio Kast dedicó varios párrafos a criticar el error histórico de creer que un Estado más grande es automáticamente un mejor Estado. El diagnóstico tenía cierta elegancia retórica. La solución anunciada fue la austeridad, la eficiencia, el fin del gigantismo burocrático. Una larga cantidad de adjetivos comunes sin profundidad.

Lo que el mismo discurso reveló, sin proponérselo, es que esa austeridad tiene una geografía muy precisa: el Estado se achica donde distribuye y se expande donde controla. Siete nuevas Fuerzas de Tarea, un Plan de Intervención Barrial Intensivo en 50 barrios, tecnología de monitoreo masivo, pórticos lectores de patentes, postes inteligentes, 20 mil nuevas plazas penitenciarias y un Registro de Vándalos con capacidad de revocar beneficios sociales.

No es austeridad. Es una reorientación: el Estado abandona la protección para dedicarse, con renovado entusiasmo, a la vigilancia.

“Esta asimetría no es un error de diseño. Es el diseño.”

A. Sanciones que no pesan igual

Dos iniciativas concretas permiten leer esa lógica con claridad. La ley de Escuelas Protegidas contempla la inhabilitación por cinco años del acceso a la gratuidad universitaria para estudiantes condenados por delitos graves. El proyecto de Registro de Vándalos extiende la pérdida de beneficios sociales —gratuidad educativa, pensión garantizada, subsidio de arriendo— no solo a quienes cometan delitos, sino a quienes incurran en “incivilidades”.

La lógica aparente es simple, quien comete una falta enfrenta consecuencias. Pero esa lógica se quiebra cuando se examina sobre quién recae en los hechos.

La gratuidad universitaria es un beneficio acotado a los sectores de menores ingresos. Un estudiante de colegio particular pagado no la recibe hoy y no la necesitará mañana. Un estudiante de liceo público que sea condenado no solo enfrentará el proceso penal, sino que perderá la única vía de acceso a la educación superior que el sistema le ofrece.

La conclusión es incómoda pero inevitable, una sanción que resulta devastadora para los pobres e invisible para quienes tienen recursos propios no es una sanción pareja. Es una sanción de clase.

Los beneficiarios de derechos sociales no se distribuyen aleatoriamente en la población; son, sistemáticamente, quienes menos tienen. Por eso el Registro de Vándalos es más preciso de lo que aparenta, no es un mecanismo de seguridad universal, sino la creación de una categoría de ciudadanos a quienes el Estado protege solo mientras se porten bien.

B. El miedo como política de diálogo

Pero el efecto más profundo de estas medidas no es punitivo sino preventivo. No opera sobre el pasado, sino sobre el futuro. Un estudiante secundario que sabe que una condena le costará cinco años de gratuidad no solo enfrenta consecuencias por lo que hizo enfrenta una amenaza antes de actuar. Y ese cálculo es radicalmente distinto según la clase social de quien lo hace.

Esto no es menor en términos democráticos. En Chile, la movilización social ha sido históricamente el mecanismo mediante el cual los sectores populares conquistaron derechos que el sistema político formal no les concedía por las vías institucionales. La sindicalización, la gratuidad de la educación, el acceso a la salud: ninguno de esos avances ocurrió solo dentro del Parlamento. Ocurrieron porque hubo huelgas, marchas, tomas, gritos, enojos y también felicidades.

Criminalizar esas formas de acción no es solo una política de seguridad. Es una intervención sobre el equilibrio de fuerzas entre quienes tienen acceso a los mecanismos institucionales del poder y quienes no.

La categoría de “incivilidad” merece atención especial en este punto. Su indefinición no es accidental. Permite que conductas propias de la protesta urbana queden bajo el paraguas de lo sancionable sin necesidad de pasar por un proceso penal con garantías plenas. Se sanciona no el delito sino la actitud. No el daño concreto sino la disposición a transgredir.

En ese umbral difuso se instala una presunción de peligrosidad que recae, sistemáticamente, sobre los mismos sujetos predilectos de este gobierno, los jóvenes pobres, los estudiantes de liceos públicos, los habitantes de los 50 barrios donde el Estado llega principalmente bajo la forma del control.

C. Portales redivivo

Esta asimetría tiene un linaje declarado. En su discurso, Kast invocó a Diego Portales como uno de los constructores de la República, el ejemplo que debe guiar a esta generación. La elección no es inocente, aunque es posible que tampoco sea casual.

Portales es el símbolo del orden autoritario conservador del siglo XIX, el mismo orden que utilizó el aparato estatal para suprimir la disidencia, garantizar la estabilidad institucional sobre la exclusión política de los sectores populares y convertir el Estado en instrumento de las élites propietarias.

Invocar ese linaje en el mismo discurso que criminaliza la “incivilidad” y amenaza con revocar beneficios sociales no es retórica accidental. Es una declaración de principios, y hay que tomarla en serio.

Frente a ese linaje existe otro, que el discurso presidencial no menciona. Los trabajadores del salitre organizándose en las pampas del norte a principios del siglo XX. Las huelgas que costaron sangre antes de que existiera una ley laboral que las reconociera. Los conventillos de Santiago donde la clase obrera construyó solidaridad antes de que el Estado construyera política social.

Ese es el origen de los beneficios que hoy se amenazan con revocar; no son concesiones que el Estado otorgó generosamente desde arriba, sino conquistas que los sectores populares arrancaron desde abajo, con décadas de organización y represión.

Llamarlos “beneficios” que se pueden perder por una “incivilidad” es una operación ideológica precisa: borra la historia de su conquista para poder convertirlo en favores revocables.

La protección del Estado deja de ser universal. Se vuelve condicional.

Aquí reside la cuestión que excede cualquier debate de constitucionalidad. En el diseño de ambas iniciativas opera una concepción implícita: los beneficios sociales no son derechos garantizados universalmente, sino prestaciones que el Estado otorga a cambio de comportamiento adecuado. Es una lógica con una larga historia en las políticas sociales conservadoras, desde la Poor Law inglesa del siglo XIX hasta los programas de welfare condicional del neoliberalismo contemporáneo. Su mecanismo es siempre el mismo, los pobres no merecen protección por su condición de ciudadanos, sino en la medida en que demuestren ser merecedores de ella.

Si la gratuidad educativa puede ser retirada por conducta, deja de ser un derecho y se convierte en una concesión revocable. Si la pensión garantizada puede perderse por “incivilidades”, deja de ser una protección frente a la vejez y se convierte en un incentivo conductual.

La protección del Estado deja de ser universal. Se vuelve condicional. Y esa condicionalidad, como siempre, se aplica solo a quienes dependen de ella para sobrevivir.

Nicos Poulantzas identificó en el capitalismo tardío una tendencia que llamó “estatismo autoritario”: el fortalecimiento del aparato ejecutivo que, sin suprimir formalmente las instituciones democráticas, vacía progresivamente de contenido la participación política de los sectores populares. El concepto requiere cautela en su aplicación, pero la lógica que describe —un Estado que se expande hacia el control más que hacia la garantía de derechos, que disciplina en lugar de integrar— encuentra en estas medidas una expresión reconocible.

La erosión democrática no siempre llega con decreto. A veces llega con un registro.

D. Lo que el discurso del orden no dice

En 27 páginas de discurso presidencial no hay una sola mención a la desigualdad estructural como causa de la inseguridad. El crimen organizado se presenta como un fenómeno casi importado desconectado de la marginalidad y la falta de oportunidades que lo alimentan. No hay mención a la negociación colectiva, a los derechos sindicales, a la brecha salarial ni a las condiciones estructurales que producen la pobreza que luego se criminaliza.

Un gobierno que declara la guerra al crimen organizado mientras ignora las condiciones estructurales que facilitan su expansión no está resolviendo el problema, está gestionando sus síntomas más visibles y cargando el costo de esa gestión sobre los sectores que menos recursos tienen para enfrentarlo.

El discurso presidencial fue también explícito respecto al trato asimétrico entre ciudadanos. Cuando un carabinero hace uso de la fuerza, el gobierno lo respalda “sin ninguna ambigüedad”. La asimetría de protección no podría estar más clara. Sobre un lado de la ecuación, la amenaza de perder la gratuidad, la pensión y el subsidio de arriendo ante la mínima demostración de movilización. Sobre el otro, el respaldo institucional sin condiciones.

No es un Estado neutral. Es un Estado con bandos.

La pregunta que importa no es jurídica sino política: ¿qué tipo de orden se está construyendo? Uno que usa la exclusión social como herramienta de disciplinamiento no produce ciudadanos más tranquilos. Produce ciudadanos más frágiles, movilizaciones más rabiosas y sociedades más fracturadas.

La seguridad democrática no se construye únicamente mediante mecanismos de control. También requiere integración social, derechos efectivos y espacios de participación que permitan procesar los conflictos antes de que estos se conviertan en crisis.

Un Estado que confunde el silencio de los excluidos con el orden no está gobernando. Está postergando.

Y las deudas postergadas, en este país, siempre se tendrán que saldar.